El 20 de febrero la nueva integración del Consejo de la Magistratura inició sus actividades designando autoridades internas en un acuerdo que parece haber dejado conforme a (casi) todos los sectores: el oficialismo se aseguró conducir las comisiones de mayor relevancia, y a cambio convalidó que la Presidencia y Vicepresidencia del cuerpo quedaran en manos de sectores judiciales no oficialistas. 

El año pasado alzamos la voz en contra de los artículos centrales – finalmente declarados inconstitucionales- de la ley que sancionó el Congreso sobre el funcionamiento del Consejo. Pero también dijimos fuerte algo que resulta cada vez más evidente: el Poder Judicial necesita reformas profundas.

Repasemos algunas:

1.       La gran cantidad de cargos vacantes (260) resulta un condicionamiento inaceptable a la actividad de los/as magistrados/as, tanto por la inestabilidad que por definición acompaña a los cargos ocupados interinamente, como por los “estímulos” que suelen instrumentarse mediante promesas de ascenso cuando existen tantas vacantes. Convocar y/o impulsar rápidamente los correspondientes concursos, pero también implementar medidas para agilizar, transparentar y generar instancias de participación ciudadana en los procedimientos, resulta entonces decisivo -y esperamos que lo hagan en la próxima reforma del Reglamento, que la nueva ley los obliga a adaptar.

2.       Los procesos disciplinarios iniciados contra magistrados no pueden seguir avanzando al ritmo que le imponen las necesidades políticas de los sectores de poder.

3.       La casi absoluta ausencia de estadística judicial confiable y las enormes dificultades en el acceso a la información pública judicial ya no es la deuda de un Poder, sino de nuestra democracia. A su vez, la incorporación de mecanismos de rendición de cuentas de la gestión del Poder Judicial resulta imprescindible para revertir los altos grados de opacidad que actualmente presenta.

4.       La necesidad de avanzar hacia criterios de horizontalidad en la organización de los/as jueces/zas se torna cada vez más evidente; tanto como el deber de cumplir con el mandato constitucional que implica que el Consejo asuma la totalidad de las funciones de administración del Poder Judicial.  

Nuestra Constitución pide a gritos que, de una vez por todas, el Consejo pueda asumir el rol que efectivamente está llamado a cumplir en nuestro sistema institucional.

Los sectores más desventajados de nuestro país requieren en forma urgente un Poder Judicial más cercano, más accesible, menos elitista. Todos necesitamos un Poder Judicial menos burocrático, menos corporativo, más independiente de los poderes políticos y económicos. En definitiva, un Poder Judicial en mejores condiciones para defender derechos.